ICE endurece política de detención: Millones de inmigrantes sin derecho a audiencia de fianza

En una medida que podría afectar a millones de inmigrantes, la administración del presidente Donald Trump ha eliminado el derecho a audiencias de fianza para aquellos que llegaron a Estados Unidos de forma indocumentada, según reporta The Washington Post.

Un memorando interno del 8 de julio, firmado por Todd M. Lyons, director interino de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), ordena a los oficiales mantener detenidos a los inmigrantes “durante toda la duración de sus procesos de deportación”, que en muchos casos pueden extenderse por meses o incluso años.

Según el documento, ICE y los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia “han revisado su posición legal sobre las autoridades de detención y liberación”, concluyendo que los inmigrantes que ingresaron sin autorización al país “no pueden ser liberados bajo custodia de ICE”. Esto marca un cambio radical respecto a administraciones anteriores, donde los inmigrantes en el interior del país usualmente podían solicitar audiencias ante un juez de inmigración para optar por libertad bajo fianza.

The Washington Post destaca que esta política se aplicará incluso a personas que cruzaron la frontera durante el mandato del presidente Joe Biden, lo que amplía su alcance a millones de casos acumulados durante décadas.

Aunque el memorando contempla excepciones limitadas mediante libertad condicional, éstas estarán bajo el criterio exclusivo de un oficial de inmigración, no de un juez, debilitando aún más el debido proceso en estos casos.

“Tal como lo instruye Lyons en el memorando, estas personas deben permanecer detenidas durante todo su proceso de remoción, sin acceso a una audiencia de fianza, salvo en raras excepciones decididas por oficiales de ICE, no por jueces,” (The Washington Post, 14 de julio de 2025).

Esta decisión podría saturar aún más los centros de detención y ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos, quienes denuncian que se criminaliza la migración y se eliminan mecanismos básicos de defensa legal.